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Bruselas asegura que ha habido “progresos” en España en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción, pero no son suficientes para la UE

Bruselas asegura que ha habido “progresos” en la lucha contra la impunidad y la corrupción, pero no son suficientes.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, reconoció que la corrupción en España es algo que preocupa a la Unión Europea y defendió las medidas que el Gobierno está adoptando para combatirla.
El ministro de economia De Guindos se refirió a su llegada a un Consejo de ministros de Finanzas de la UE a las consideraciones sobre la corrupción en España mencionadas en las recomendaciones económicas por países publicadas el lunes por la Comisión Europea.



"En los considerandos se hace un análisis general de la situación. La corrupción es un tema que preocupa mucho, y especialmente preocupa mucho a la sociedad española y al propio Gobierno", admitió.
En ese contexto, explicó que el Ejecutivo español "ha tomado muchas medidas" al respecto y aseguró que "muchos casos" de impunidad y  corrupción "vienen del pasado y sería imposible que volvieran a darse".
Además, destacó que "la Fiscalía funciona" así como los jueces y opinó que "eso es lo fundamental".
La Union Europea CE señala que pese al "progreso" en la lucha contra la impunidad y la corrupción a través de leyes para asegurar una mayor transparencia y de investigaciones sobre casos de ese tipo a nivel local y regional, en España no se han desarrollado "estrategias preventivas a medida para mitigar los riesgos de impunidad y de  corrupción".
Tampoco existe una estrategia preventiva compartida en los distintos niveles gubernamentales, añade.
Otra deficiencia, dice el informe de la CE, es la falta de legislación para proteger a los "informantes" sobre casos de corrupción, así como el grado de independencia de la Oficina de Conflictos de Interés y la falta de regulación de los grupos de presión.
Bruselas advierte asimismo sobre el "prolongado procedimiento judicial para los casos de corrupción" e indica que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015 para limitar los plazos de instrucción "podría traducirse en impunidad en los casos complejos de corrupción", para los que los límites temporales podrían no ser suficientes.

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